Gracias a Hugo Chávez el país que podría ser el más rico de América Latina tiene actualmente la moneda más escuálida del Continente.
Mientras en América Latina el dólar se ha debilitado frente a las monedas de los distintos países, en Venezuela el gobierno se vio forzado a devaluar en forma significativa el bolívar, al que denomina “fuerte” pero que debería debería recibir el apelativo de "escuálido". Para la mayoría de los bienes y servicios, la devaluación fue del 100% al pasar la tasa de cambio oficial de 2.15 a 4.30 bolívares por dólar. Sin embargo, esa devaluación no aplica a los bienes importados por el gobierno, alimentos, salud, maquinaria y equipos. En estos últimos casos, la devaluación fue 20,9% al pasar la tasa oficial de 2.15 a 2.60 bolívares por dólar.
No sabe muy bien cuál será la magnitud del impacto de la medida sobre la inflación, que en 2009 fue la más alta de América Latina al superar 25%, por cuanto la economía venezolana ya venía operando con un sistema dual de tasa de cambio, a través de la cual una parte de los bienes y servicios terminaban por pagarse a la tasa del mercado no regulado que se había situado en el horizonte de 6 bolívares por dólar. Para muchos gastos en divisas se había vuelto muy difícil conseguir dólares a la anterior tasa oficial de 2.15.
Si se tienen en cuenta las importaciones de 2009, la tasa preferencial de 2.60 se le aplicaría a cerca del 45% de los bienes importados. El 55% de las importaciones restantes tendrían que asumir un aumento de 100% en su costo. Pero será interesante saber lo que sucederá con la tasa de cambio del mercado no regulado. Si ella disminuye, se atenuaría el efecto inflacionario de la medida, al menos inicialmente. Por otro lado, aumentarán las importaciones a la tasa de 2.30 (muchas de las que se las que se les debe aplicar la tasa de cambio de 4.30 ingresarán como si fueran de 2.30, para beneficio de los corruptos del gobierno).
A más largo plazo, el impacto de esta devaluación dependerá de las políticas monetarias y fiscales. Una devaluación representa una pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos frente al resto de mundo. En ese sentido, constituye un empobrecimiento de la población y una erosión en el valor de sus ahorros. Este impacto claramente negativo de la devaluación podría ser compensado parcialmente con el supuesto beneficio de estimular la producción interna al favorecer la sustitución de importaciones y al hacer más atractivo exportar.
Pero que para este último impacto positivo sobre la producción interna se haga realidad, para que efectivamente la devaluación produzca una modificación permanente sobre los precios relativos de la economía, se necesita mantener bajo control la inflación. Debería estar acompañada de políticas restrictivas monetarias y fiscales. Si eso no es así y aumenta la inflación (incluida la que se refleja a través de la escasez de distintos productos y servicios), lo que se hace con las manos se borra con los codos. Desde el punto de vista de los productores, si a causa de la inflación los costos aumentan aceleradamente, desaparecen como por encanto las ventajas competitivas que inicialmente percibieron con la devaluación.
Ahora bien, en el caso de Venezuela, el sistema de precios se encuentra completamente distorsionado por los controles impuestos por el gobierno, y porque los costos laborales no reflejan la productividad de la mano de obra debido a la sobreprotección que reciben los sindicatos y a inflexibilidades de todo tipo en el régimen laboral.
La verdad es que en Venezuela el gobierno ha creado un ambiente completamente hostil a la inversión e iniciativa privada, ha nacionalizado y expropiado una multitud de empresas y ha propiciado el cierre de muchas otras con sus controles de precios, cambiarios y sobre el mercado laboral. En ese entorno, lo de menos son las señales de precios favorables que puedan proporcionarse a través de una devaluación de la moneda.
Es más, si a todo lo anterior se agrega el efecto del racionamiento eléctrico sobre industrias básicas de exportación como Sidor y las vinculadas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como sobre otros exportadores como los de la industria petroquímica, se diluye aún más el posible efecto favorable que pueda tener la devaluación sobre las exportaciones.
Da la impresión que esta devaluación fue hecha simplemente por razones fiscales, para darle más bolívares a la vaca lechera de PDVSA (que ahora recibirá más bolívares por cada dólar que exporte). En otras palabras, para aliviar su flujo de caja y poder así aumentar el gasto público en anticipación a las elecciones de la Asamblea Nacional que tendrán lugar en septiembre de 2010. Un gasto público que está dirigido ante todo a repartir dinero entre la creciente nómina oficial y entre los habitantes de barrios pobres, que constituye la base del electorado que apoya al gobierno.
O sea que se trata de una devaluación que le proporcionará inicialmente mayores recursos al sector público y que la pagarán los consumidores venezolanos con unos mayores precios, en comparación con los que se hubieran dado si ella no hubiere tenido lugar. Dado que el gasto público venezolano es altamente ineficiente, que se canaliza básicamente a pagar salarios y prebendas a una población que poco o nada aporta a la producción, esta devaluación tendrá el efecto neto de transferir recursos del sector más productivo del país, al más parasitario.
Como no estará acompañada de una moderación del gasto público, ni de una política monetaria restrictiva, ni de un mejor clima de inversión, su impacto expansivo será muy poco duradero. Pero su costo en términos de caída en el ingreso real y de pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos será permanente.
No sabe muy bien cuál será la magnitud del impacto de la medida sobre la inflación, que en 2009 fue la más alta de América Latina al superar 25%, por cuanto la economía venezolana ya venía operando con un sistema dual de tasa de cambio, a través de la cual una parte de los bienes y servicios terminaban por pagarse a la tasa del mercado no regulado que se había situado en el horizonte de 6 bolívares por dólar. Para muchos gastos en divisas se había vuelto muy difícil conseguir dólares a la anterior tasa oficial de 2.15.
Si se tienen en cuenta las importaciones de 2009, la tasa preferencial de 2.60 se le aplicaría a cerca del 45% de los bienes importados. El 55% de las importaciones restantes tendrían que asumir un aumento de 100% en su costo. Pero será interesante saber lo que sucederá con la tasa de cambio del mercado no regulado. Si ella disminuye, se atenuaría el efecto inflacionario de la medida, al menos inicialmente. Por otro lado, aumentarán las importaciones a la tasa de 2.30 (muchas de las que se las que se les debe aplicar la tasa de cambio de 4.30 ingresarán como si fueran de 2.30, para beneficio de los corruptos del gobierno).
A más largo plazo, el impacto de esta devaluación dependerá de las políticas monetarias y fiscales. Una devaluación representa una pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos frente al resto de mundo. En ese sentido, constituye un empobrecimiento de la población y una erosión en el valor de sus ahorros. Este impacto claramente negativo de la devaluación podría ser compensado parcialmente con el supuesto beneficio de estimular la producción interna al favorecer la sustitución de importaciones y al hacer más atractivo exportar.
Pero que para este último impacto positivo sobre la producción interna se haga realidad, para que efectivamente la devaluación produzca una modificación permanente sobre los precios relativos de la economía, se necesita mantener bajo control la inflación. Debería estar acompañada de políticas restrictivas monetarias y fiscales. Si eso no es así y aumenta la inflación (incluida la que se refleja a través de la escasez de distintos productos y servicios), lo que se hace con las manos se borra con los codos. Desde el punto de vista de los productores, si a causa de la inflación los costos aumentan aceleradamente, desaparecen como por encanto las ventajas competitivas que inicialmente percibieron con la devaluación.
Ahora bien, en el caso de Venezuela, el sistema de precios se encuentra completamente distorsionado por los controles impuestos por el gobierno, y porque los costos laborales no reflejan la productividad de la mano de obra debido a la sobreprotección que reciben los sindicatos y a inflexibilidades de todo tipo en el régimen laboral.
La verdad es que en Venezuela el gobierno ha creado un ambiente completamente hostil a la inversión e iniciativa privada, ha nacionalizado y expropiado una multitud de empresas y ha propiciado el cierre de muchas otras con sus controles de precios, cambiarios y sobre el mercado laboral. En ese entorno, lo de menos son las señales de precios favorables que puedan proporcionarse a través de una devaluación de la moneda.
Es más, si a todo lo anterior se agrega el efecto del racionamiento eléctrico sobre industrias básicas de exportación como Sidor y las vinculadas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como sobre otros exportadores como los de la industria petroquímica, se diluye aún más el posible efecto favorable que pueda tener la devaluación sobre las exportaciones.
Da la impresión que esta devaluación fue hecha simplemente por razones fiscales, para darle más bolívares a la vaca lechera de PDVSA (que ahora recibirá más bolívares por cada dólar que exporte). En otras palabras, para aliviar su flujo de caja y poder así aumentar el gasto público en anticipación a las elecciones de la Asamblea Nacional que tendrán lugar en septiembre de 2010. Un gasto público que está dirigido ante todo a repartir dinero entre la creciente nómina oficial y entre los habitantes de barrios pobres, que constituye la base del electorado que apoya al gobierno.
O sea que se trata de una devaluación que le proporcionará inicialmente mayores recursos al sector público y que la pagarán los consumidores venezolanos con unos mayores precios, en comparación con los que se hubieran dado si ella no hubiere tenido lugar. Dado que el gasto público venezolano es altamente ineficiente, que se canaliza básicamente a pagar salarios y prebendas a una población que poco o nada aporta a la producción, esta devaluación tendrá el efecto neto de transferir recursos del sector más productivo del país, al más parasitario.
Como no estará acompañada de una moderación del gasto público, ni de una política monetaria restrictiva, ni de un mejor clima de inversión, su impacto expansivo será muy poco duradero. Pero su costo en términos de caída en el ingreso real y de pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos será permanente.