A raíz de las pirámides y del caso de DMG, el gobierno de Colombia utilizó esa arbitraria figura jurídica de la "emergencia social". Con esta figura cualquier gobierno, bajo cualquier excusa, puede cubrir con el manto de la ilegalidad, de la noche a la mañana, actividades y negocios que no son de su agrado.
Como sea, en el caso de DMG, por la forma como se desarrollaron los hechos, se puede concluir que antes de la "emergencia social", el gobierno no podía intervenir esta empresa ni podía judicializar a sus dueños y funcionarios. Después de la emergencia, el gobierno cerró el negocio y sus cabezas fueron a dar a la cárcel.
Ahora bien, como antecedente jurídico el tema merece ser analizado con cabeza fría, así se trate de un sujeto sobre el cual existen toda clase de dudas. Por lo que se sabe, DMG no tenía demandas de su clientela antes de que el gobierno interviniera. Pero el gobierno supuestamente intervino para evitar que la clientela fuera estafada. Sin embargo, la estafa no se había configurado, al menos en opinión de los posibles afectados. Y después de la intervención del gobierno, DMG ya no va a poder responderle a la gente como le había venido respondiendo justo hasta antes de la intervención.
Lo cierto es que el hecho de declarar una "emergencia social" no despoja de sus derechos a los encarcelados en el sentido de que puedan ser juzgados por delitos tipificados o amplificados en esa declaratoria. La retroactividad no aplicaría en este caso.
Por otra parte, todos los involucrados en DMG –dueños, funcionarios y clientela– podrían argumentar que el gobierno fue el causante del incumplimiento de los compromisos de la empresa. Si DMG no era una entidad financiera, como no lo era, el gobierno sólo podía intervenir a posteriori, es decir después de los incumplimientos. Y se cae en el argumento inicial: antes de la intervención no había demandas ni quejas de incumplimiento.
El hecho de que DMG era un mal negocio que solamente podía mantenerse con un crecimiento exponencial de sus ventas y que eventualmente iba a reventarse, no es excusa suficiente para la intervención del gobierno. Negocios malos los hay por montones. Cualquier negocio que venda algo, "capta" dinero del público. Y todo mal negocio puede sobrevivir mientras sus ingresos, por el concepto que sea, vayan en aumento.
No es argumento válido el que el gobierno tenía que anticiparse al desplome de DMG, entre otras razones porque ese eventual desplome se podía evitar con inyecciones de capital. Y hasta donde se sabe, el gobierno ni siquiera le exigió a los dueños de DMG, antes de la intervención, que capitalizaran o que cancelaran las tarjetas prepago.
El gobierno podía caerle a DMG por incumplimiento de normas tributarias o de otros requisitos de ley. También por lavado de dinero, si es que se podía demostrar que lo había o que lo hubo. En otras palabras, por algo concreto relacionado con la actividad pasada de la empresa y no sobre la base de supuestos acerca de lo que podría llegar a suceder en el futuro.
En último término, el gobierno no tiene por qué tratar de evitar que la gente haga malos negocios. Es decir, es la gente la que debe medir y asumir los riesgos que conlleva su conducta, cuando ella es voluntaria y no hay coerción de por medio. Ningún gobierno que respete un sistema mínimo de libertades puede abrogarse la potestad de despojar al ser humano del derecho a asumir riesgos y a equivocarse.
