Después de la reciente devaluación del bolívar, el llamado dólar paralelo, en lugar de caer ha tendido ha fortalecerse.
A finales de febrero de 2010, el dólar paralelo se situó en los alrededores de 6.50 bolívares. Esta tasa es 150% más alta que la tasa oficial de cambio para la importación de bienes básicos y 51% superior que la tasa oficial que se le aplica al resto de los bienes importados.
Con la devaluación de enero, el gobierno venezolano se fijó la meta de reducir a una mínima expresión la distancia entre el dólar paralelo y la tasa oficial de 4.30 bolívares por dólar. Incluso, desde entonces, se han hecho algunas pequeñas colocaciones de bonos cambiarios del Banco Central de Venezuela (BCV) dirigidas a ese propósito, pero con poco o ningún impacto sobre la cotización del dólar paralelo.
En realidad, la disponibilidad de divisas de Venezuela está en entredicho. Las trabas para la aprobación del dólares oficiales en el CADIVI han ido en aumento. Sólo a los exportadores colombianos se les adeuda US$800 millones por concepto de importaciones ya realizadas. La deuda con exportadores de otros países es igualmente alta, así como con empresas y personas naturales cuyos giros ya fueron autorizados.
Por otro lado, las reservas internacionales del BCV muestran una preocupante tendencia a la caída. Si el gobierno retira los recursos que se le aprobaron al FONDEN (caja menor de Hugo Chávez) podrían descender por debajo de US$27.000 millones. Este no sería un nivel que ocasionaría alarma si el gobierno central y las empresas estatales estuvieran al día en el pago de compromisos ya adquiridos. Pero esas reservas son pocas si se tiene en cuenta que las deudas totales vencidas del sector público (incluidos las financieras, las laborales, a proveedores y contratistas, y aquellas por concepto de nacionalizaciones de empresas) superan fácilmente los US$70.000 millones.
El gobierno de Venezuela, incluido PDVSA, está quebrado, bajo cualquier punto de vista que se analice. Llegó a esta situación sin haber realizado inversiones en la modernización y expansión de la infraestructura de producción y refinación del sector petrolero, en generación y transmisión en el sector eléctrico, y en el mantenimiento de las plantas de las industrias básicas que a mala hora resolvió nacionalizar, para citar solamente tres áreas de una vital importancia desde el punto de vista fiscal y de ingresos de divisas. Las inversiones requeridas en estos sectores en los próximos años son gigantescas y nadie sabe de donde saldrán los recursos para hacerlas realidad.
La falta de inversión y la pésima gestión gerencial en estas y otras áreas claves, ha agudizado la quiebra del sector público venezolano. Por ejemplo, lo sucedido con el colapso del sistema eléctrico es patético. Ha afectado la producción de crudo y la capacidad de refinación, lo cual a su vez se ha traducido en una reducción de los ingresos fiscales y de divisas. El impacto sobre otros sectores exportadores ha sido igualmente devastador.
Es tan compleja la situación fiscal y de falta de divisas que Hugo Chávez le ha implorado al gobierno de China que le amplíe de US$8.000 millones a US$20.000 millones su préstamo para el fondo conjunto de desarrollo de infraestructura que fuera establecido por ambos gobiernos hace dos años. Chávez ya se gastó la mayor parte de los US$8.000 millones iniciales, no se sabe en qué exactamente. Estos préstamos los paga Venezuela con petróleo y productos refinados. En último término, el esquema no es más que una pignoración de exportaciones futuras de petróleo, lo que debilitará aún más la posición fiscal y de divisas de Venezuela en un futuro cercano.
Con la devaluación de enero, el gobierno venezolano se fijó la meta de reducir a una mínima expresión la distancia entre el dólar paralelo y la tasa oficial de 4.30 bolívares por dólar. Incluso, desde entonces, se han hecho algunas pequeñas colocaciones de bonos cambiarios del Banco Central de Venezuela (BCV) dirigidas a ese propósito, pero con poco o ningún impacto sobre la cotización del dólar paralelo.
En realidad, la disponibilidad de divisas de Venezuela está en entredicho. Las trabas para la aprobación del dólares oficiales en el CADIVI han ido en aumento. Sólo a los exportadores colombianos se les adeuda US$800 millones por concepto de importaciones ya realizadas. La deuda con exportadores de otros países es igualmente alta, así como con empresas y personas naturales cuyos giros ya fueron autorizados.
Por otro lado, las reservas internacionales del BCV muestran una preocupante tendencia a la caída. Si el gobierno retira los recursos que se le aprobaron al FONDEN (caja menor de Hugo Chávez) podrían descender por debajo de US$27.000 millones. Este no sería un nivel que ocasionaría alarma si el gobierno central y las empresas estatales estuvieran al día en el pago de compromisos ya adquiridos. Pero esas reservas son pocas si se tiene en cuenta que las deudas totales vencidas del sector público (incluidos las financieras, las laborales, a proveedores y contratistas, y aquellas por concepto de nacionalizaciones de empresas) superan fácilmente los US$70.000 millones.
El gobierno de Venezuela, incluido PDVSA, está quebrado, bajo cualquier punto de vista que se analice. Llegó a esta situación sin haber realizado inversiones en la modernización y expansión de la infraestructura de producción y refinación del sector petrolero, en generación y transmisión en el sector eléctrico, y en el mantenimiento de las plantas de las industrias básicas que a mala hora resolvió nacionalizar, para citar solamente tres áreas de una vital importancia desde el punto de vista fiscal y de ingresos de divisas. Las inversiones requeridas en estos sectores en los próximos años son gigantescas y nadie sabe de donde saldrán los recursos para hacerlas realidad.
La falta de inversión y la pésima gestión gerencial en estas y otras áreas claves, ha agudizado la quiebra del sector público venezolano. Por ejemplo, lo sucedido con el colapso del sistema eléctrico es patético. Ha afectado la producción de crudo y la capacidad de refinación, lo cual a su vez se ha traducido en una reducción de los ingresos fiscales y de divisas. El impacto sobre otros sectores exportadores ha sido igualmente devastador.
Es tan compleja la situación fiscal y de falta de divisas que Hugo Chávez le ha implorado al gobierno de China que le amplíe de US$8.000 millones a US$20.000 millones su préstamo para el fondo conjunto de desarrollo de infraestructura que fuera establecido por ambos gobiernos hace dos años. Chávez ya se gastó la mayor parte de los US$8.000 millones iniciales, no se sabe en qué exactamente. Estos préstamos los paga Venezuela con petróleo y productos refinados. En último término, el esquema no es más que una pignoración de exportaciones futuras de petróleo, lo que debilitará aún más la posición fiscal y de divisas de Venezuela en un futuro cercano.
Ante esta situación de creciente restricción de divisas para pagar importaciones, de quiebra fiscal y de reservas internacionales del BCV a la baja, es inevitable llegar a la conclusión que la tendencia al debilitamiento del bolívar se mantendrá inexorablemente en los próximos meses.