Gasto público, expoliación y “do-goodism”
Jorge Ospina Sardi
 
Alguien debe tener la culpa de que la gente crea que entre mayor sea la expoliación a quienes producen y generan riqueza mejor le va a la sociedad.

El gasto de los gobiernos no es maná caído del cielo. Gente de carne y hueso lo paga. Lo pagan los contribuyentes si se trata de un gasto financiado con impuestos. Si financiado con emisión lo paga la población en general a través del más regresivo de todos lo impuestos, el de la inflación. Si financiado con deuda, lo pagan los contribuyentes con sus futuros impuestos o la población en general con inflación futura.

El gasto público es un re direccionamiento de los recursos de la sociedad de los grupos que crean y generan riqueza hacía grupos que los políticos quieren favorecer. Siempre implica quitarle a unos para darle a otros. Desde el punto de vista de estímulo a la actividad económica, un aumento en el gasto público puede ser perjucicial, especialmente si es realizado ineficientemente y si está mal financiado.

No es conveniente, por ejemplo, cuando se destina a proyectos no prioritarios resultado de los caprichos de los políticos o del juego de intereses de quienes tienen poder decisorio en los asuntos del gobierno.

Tampoco es conveniente, por ejemplo, cuando se despoja al sector más productivo de la sociedad de recursos necesarios para la creación de empresas y generación de empleo sostenible y se los asigna a una población improductiva que no aporta al aumento de la riqueza. Porque todos los recursos que los gobiernos extraen de quienes producen riqueza y generan empleo tienen un costo de oportunidad —concepto este que no entienden los políticos, ni muchos analistas— representado precisamente en la riqueza y el empleo que se deja de producir y generar con el uso alternativo de tales recursos.

Los beneficios que se pierden con el pago de los impuestos hay que cotejarlos con los beneficios del gasto público. Si en el proceso los recursos se gastan en una burocracia inflada e improductiva, o en unos proyectos no prioritarios, entonces el costo total para la sociedad es inmenso. El saldo neto es una pérdida de actividad económica productiva y un deterioro de las posibilidades futuras de crecimiento y desarrollo.

Pero esa pérdida neta no se refiere solamente a los recursos objeto de las transferencias. La pérdida va más allá. La sola presencia de una carga tributaria alta tiende a ser un factor de desestímulo para la inversión y para la producción y generación de riqueza y empleo futuro. Nadie está dispuesto a trabajar sin recibir a cambio la remuneración que considere adecuada como compensación de su esfuerzo, ni a invertir sin la perspectiva de recibir un retorno estimulante por la postergación de consumo que hace y por el riesgo que asume. 

Por otro lado, si la financiación del gasto público es a través de inflación y aumento desaforado de la deuda del gobierno, el desbarajuste macroeconómico resultante termina por distorsionar el sistema de precios y la estructura de los diferentes mercados. Y en ese entorno los productores y generadores de riqueza y empleo acaban equivocándose en sus decisiones de inversión o simplemente deciden porstergar o suspender toda actividad, a la espera de una mayor claridad o de una mejor oportunidad. En otras palabras, el futuro de la economía queda en entredicho.


Expoliadores institucionales

Desde tiempos inmemoriales los grupos más productivos, ya sea en las tribus o en las comunidades más complejas y avanzadas, han estado sometidos a la expoliación de su riqueza por parte de otros grupos que no aportan a la economía y que viven de esa expoliación.

¿Cuáles son los grupos expoliadores? En primer lugar, están los delincuentes de distinto tipo. Usan la fuerza bruta para realizar su expoliación. De hecho, los creadores y generadores de riqueza siempre se ha visto forzados a acudir a otros expoliadores para defenderse de aquellos que son los más violentos y destructivos.

Estos otros expoliadores —los que han recibido el encargo de defender a los creadores y generadores de riqueza— fueron en la Edad Media los señores feudales y las monarquías, y desde las revoluciones americanas y Francesa, los dueños y administradores de los estados nación. Su expoliación es más llevadera y se ha justificado principalmente con el pretexto de que sin ellos prevalece el caos y la anarquía. Es decir, sin ellos se impone el imperio de los expoliadores más violentos y destructivos.

Sin embargo, la historia enseña que expoliadores de la peor calaña se han apoderado de los gobiernos de los estado nación. Los ejemplos abundan, pero no es sino mencionar a los jerarcas comunistas y nazis en pleno Siglo XX. Estos gobernantes acudieron a una cruel y masiva expoliación emprendida desde el estado, con el apoyo de toda la maquinaria y poder institucional que hicieron suya. En otras palabras, emprendieron una expoliación institucionalizada a gran escala, la que justificaron con objetivos supuestamente nobles relacionados con el “bienestar” de los pueblos, y que en el fondo no son otra cosa que clichés propagandísticos.

De hecho, durante estos dos últimos siglos, la lucha política se ha centrado entre quienes son partidarios de ponerle límites al poder de los expoliadores institucionales —aquellos que reciben el encargo de gobernar los estados nación— y quienes son partidarios de gobiernos sin límites en el uso del poder. Estos últimos, por lo general, pertenecen a grupos que buscan gobernar en beneficio propio y de sus más cercanos partidarios, a costa de quienes son sus opositores reales o inventados. Se dejan seducir por el “deseo de poder”, que según el filósofo político conservador Russell Kirk, “es la más devoradora de las pasiones: una lujuria que supera a todas las lujurias de la carne.”

Ahora bien, esa lucha entre extremistas y moderados en el uso y abuso del poder político ha llevado a la implantación de una serie de límites por medio de una pretendida separación de poderes entre las esferas de los estados nación (esferas ejecutiva, legislativa y judicial). Sin embargo, esos límites no han sido tan efectivos como lo soñaron los filósofos políticos mejor intencionados, ni siquiera en los sistemas de gobierno que se precian de muy liberales y democráticos.


“Do-goodism”, eje de la expoliación moderna

En los países con sistemas políticos más liberales y democráticos, la forma más extendida y menos comprendida de expoliación es la utilización de la agencia del estado para lo que Ayn Rand en su novela ‘Atlas Shrugged’ llamó “do-goodism”.

El “do-goodism” es la pretensión de hacer el bien con el dinero o la riqueza ajena. Todo el mundo es un experto en “do-goodism”. Pero peor aún, todo el mundo es de una generosidad sin límites cuando se trata del “do-goodism”. Además, nadie cree que existe un costo con el “do-goodism”, sino hasta cuando empieza a afectar seriamente el bolsillo propio.

Los apóstoles del “do-goodism”, o sea los dueños de los gobiernos liberales y democráticos modernos, le dicen a quienes expolian que su dinero no debe ser gastado por ellos mismos, sino que debe ser gastado por alguien más. Y ese alguien más son, ni más ni menos, los apóstoles del “do-goodism”. Ellos son los que se han abrogado la potestad de interpretar en qué consiste el “bien común”, o el “bienestar de la sociedad”, o la “justicia social”. Y tanto saben los apóstoles del “do-goodism” sobre qué hacer con el dinero que obtienen de la expoliación institucionalizada, que nunca les alcanza lo que reciben. En este sentido, su “do-goodism” no tiene límites.

Y es así como los apóstoles del “do-goodism” se han inventado toda suerte de esquemas monetarios y crediticios para poder gastar más allá de lo que expolian a través de impuestos. Controlan la emisión de dinero y de deuda pública, y abusan de ese monopolio. Al emitir más dinero y al aumentar la deuda pública, pueden hacer más “do-goodism”. Poco les importan que ello desemboque en procesos inflacionarios y recesivos. Después de todo abundan los chivos expiatorios que pueden ser culpados como causantes del daño que esos apóstoles ocasionan.

El “do-goodism” es el opio de los sistemas políticos liberales y democráticos modernos. La invocación de hacer el bien llega a todos los corazones. La aclaración de que se trata de dinero o riqueza ajena no toca fibra alguna. La consideración de que al hacer el bien con el dinero o la riqueza ajena se perjudica a quien es expoliado, tampoco preocupa. Antes bien, aplaca resentimientos sociales basados en odios personales y envidias. Y la observación de que la acción de expoliar a los creadores y generadores de riqueza perjudica a la sociedad como un todo, no se entiende por una mayoría que considera que la base de esa riqueza es la cantidad de trabajo bruto que se aplica a los factores de producción. Tampoco importan las ineficiencias del gasto público. La mayoría no sabe cómo medirlas y sus consecuencias, aunque muy costosas para el orden social, son invisibles e indirectas.

Pero a todos llega el mensaje de que hay  favorecer a una serie de personas, empresas o grupos de la población que necesitan urgentemente de una ayuda. De hecho, siempre hay un afán especial detrás del “do-goodism”. El fin del mundo por el calentamiento global es un caso clásico. El fin de la economía sin un paquete de estímulo fiscal es un ejemplo reciente.

Hay un test que pocos apóstoles del “do-goodism” pasarían. Y es preguntarle a la gente si confiaría en tal o cual político para la administración del dinero propio, de sus ahorros y el de su casa. Con seguridad, la respuesta sería negativa en la mayoría de los casos. Ni siquiera con la parentela existe esa confianza. Y sin embargo, en el caso de los muy cuantiosos recursos que supuestamente le pertenecen a la sociedad y que son el fruto de una expoliación institucional, nadie cuestiona nada. En ese caso lo único que importa es que el mensaje de la supuesta buena obra sea convincente y conmovedor. Es el corazón y no la razón el que predomina.

Al final de cuentas, el “do-goodism” es un engaño colectivo que hace sentir bien a todo el mundo cuando se propone, sin que luego nadie se sienta mal por el daño que se ocasiona cuando se aplica. Es en últimas, la carta de presentación para expoliar lo ajeno, sin remordimiento alguno de conciencia.

Preocupado por todo ello el economista Milton Friedman propuso agregarle la siguiente enmienda a la Constitución de Estados Unidos: “Cualquiera es libre de hacer el bien, pero a su costa.”
 
 
 
< Anterior
Copyright 2014 LaNota.com.