No hay claridad en cuanto a las peticiones concretas de los estudiantes en relación con el proyecto de ley de “reforma a la educación superior”.
Tampoco hay mucho conocimiento sobre el contenido de la reforma. El gobierno ha sido relativamente parco en promocionar su iniciativa. Esto lo han aprovechado los organizadores de la protesta para difundir falsedades sobre el propósito de la reforma, como aquella de que lo que busca es privatizar las universidades públicas y que una de sus consecuencia será el deterioro de la calidad de este segmento de la educación superior.
Todo lo anterior es completamente falso, pero el gobierno no ha sabido defenderse a cabalidad. Da la impresión que el proyecto si pisa algunos callos, más que todo relacionados con el gremio de los profesores, que fueron, al menos inicialmente, los principales instigadores de las protestas. Pero, si este es el caso, estos temas deberían ventilarse públicamente. Y no utilizar soterradamente a los estudiantes como carne de cañón para defender por la puerta de atrás intereses gremialistas.
Como las protestas estudiantiles contra la reforma prosperaron, varios intereses ajenos al tema se involucraron para pescar en río revuelto. Como por arte de magia apareció la ex senadora Piedad Córdoba y algunos políticos del Polo Democrático con discursos y consignas, la mayoría sin nada que ver con el tema que supuestamente desvela a los estudiantes. “¡Abajo el imperialismo yanqui!” “¡Abajo el TLC!” Y otras de ese trillado estilo.
Llama la atención la falta de originalidad de Piedad Córdoba y sus camaradas. Deberían renovar sus consignas, pero aparentemente no tienen la imaginación para hacerlo. Por lo visto, de tanto repetir las mismas consignas se les ha rayado su disco duro.
Un telón de fondo de la actual protesta estudiantil es sin duda el clamor estudiantil por más recursos para la educación pública y por una mejora en su calidad. Los estudiantes deberían saber que estos temas no son así de simples como lo plantean los instigadores de las protestas.
En cuanto a los recursos, gran parte del problema es la forma como ellos se dilapidan en las universidades públicas. Por ejemplo, en 2010 el gasto anual operacional por estudiante en la Universidad Nacional fue similar al de la Universidad de los Andes ($20.9 millones frente a $20.7 millones). El de la Universidad de Antioquia fue superior al de la Universidad Javeriana ($15 millones frente a $14.7 millones).
Ahora bien, la mayoría de estos gastos de las dos principales universidades públicas de Colombia se financian con transferencias del presupuesto nacional, provenientes de los impuestos de todos los colombianos. En otras palabras, en el caso de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, si hubiere descontento por la falta de calidad de la educación, el problema no sería primordialmente por la falta de recursos, sino por la administración interna que de ellos hacen esos centros educativos, en la que el gremio de los profesores tiene mucho que ver.
Así también se podría hablar de otras universidades públicas como la Universidad de Nariño, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander, que reciben recursos para nada despreciables del presupuesto nacional y cuyos gastos por estudiante son similares e incluso superiores a los de las más cotizadas universidades privadas de sus regiones. Así se ilustra claramente en el “Análisis Financiero Comparativo de las Instituciones de Educación Superior de Colombia 2007-2010” realizado hace poco por LaNota.com.
En algunas de las universidades públicas, como en el caso relativamente reciente de la Universidad del Atlántico, el desgreño administrativo interno ha llegado a tales proporciones que se ha alterado totalmente la continuidad del ciclo académico. Pero este no es un problema de falta de recursos. Es ante todo un problema de buen manejo y eficiencia en el uso de los recursos. Es un problema que tiene que ver con los intereses que se han apoderado de estas universidades para utilizarlas como botín y como plataforma de actividad política.
Los estudiantes deberían ser los primeros en reclamar eficiencia ante las directivas y profesores de las universidades públicas. Los padres de familia también. Pero esto es muy difícil debido a las cortinas de humo que permanente lanzan quienes se aprovechan del desgreño y de los ríos revueltos. Con la reforma deberían crearse comités de veeduría estudiantiles y de padres de familia. Los estudiantes deberían apoyar los intentos del gobierno nacional para ejercer un mayor control sobre el destino final de los fondos, especialmente en aquellas instituciones donde se detecten graves problemas administrativos.
La mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos asignados a estos centros educativos (recursos estos que podrían aprovecharse en otras áreas donde las más apremiantes necesidades básicas de los colombianos están desatendidas) es la mínima contraprestación a las exigencias de más aportes del presupuesto nacional. Sólo así se satisface el interés general y de paso, el de los estudiantes que participan en las recientes protestas.
(Advertencia: lanota.com sólo utiliza este nombre. No tiene relación alguna con portales o empresas que emplean la palabra lanota en otras combinaciones de nombres).
Todo lo anterior es completamente falso, pero el gobierno no ha sabido defenderse a cabalidad. Da la impresión que el proyecto si pisa algunos callos, más que todo relacionados con el gremio de los profesores, que fueron, al menos inicialmente, los principales instigadores de las protestas. Pero, si este es el caso, estos temas deberían ventilarse públicamente. Y no utilizar soterradamente a los estudiantes como carne de cañón para defender por la puerta de atrás intereses gremialistas.
Como las protestas estudiantiles contra la reforma prosperaron, varios intereses ajenos al tema se involucraron para pescar en río revuelto. Como por arte de magia apareció la ex senadora Piedad Córdoba y algunos políticos del Polo Democrático con discursos y consignas, la mayoría sin nada que ver con el tema que supuestamente desvela a los estudiantes. “¡Abajo el imperialismo yanqui!” “¡Abajo el TLC!” Y otras de ese trillado estilo.
Llama la atención la falta de originalidad de Piedad Córdoba y sus camaradas. Deberían renovar sus consignas, pero aparentemente no tienen la imaginación para hacerlo. Por lo visto, de tanto repetir las mismas consignas se les ha rayado su disco duro.
Un telón de fondo de la actual protesta estudiantil es sin duda el clamor estudiantil por más recursos para la educación pública y por una mejora en su calidad. Los estudiantes deberían saber que estos temas no son así de simples como lo plantean los instigadores de las protestas.
En cuanto a los recursos, gran parte del problema es la forma como ellos se dilapidan en las universidades públicas. Por ejemplo, en 2010 el gasto anual operacional por estudiante en la Universidad Nacional fue similar al de la Universidad de los Andes ($20.9 millones frente a $20.7 millones). El de la Universidad de Antioquia fue superior al de la Universidad Javeriana ($15 millones frente a $14.7 millones).
Ahora bien, la mayoría de estos gastos de las dos principales universidades públicas de Colombia se financian con transferencias del presupuesto nacional, provenientes de los impuestos de todos los colombianos. En otras palabras, en el caso de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, si hubiere descontento por la falta de calidad de la educación, el problema no sería primordialmente por la falta de recursos, sino por la administración interna que de ellos hacen esos centros educativos, en la que el gremio de los profesores tiene mucho que ver.
Así también se podría hablar de otras universidades públicas como la Universidad de Nariño, la Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander, que reciben recursos para nada despreciables del presupuesto nacional y cuyos gastos por estudiante son similares e incluso superiores a los de las más cotizadas universidades privadas de sus regiones. Así se ilustra claramente en el “Análisis Financiero Comparativo de las Instituciones de Educación Superior de Colombia 2007-2010” realizado hace poco por LaNota.com.
En algunas de las universidades públicas, como en el caso relativamente reciente de la Universidad del Atlántico, el desgreño administrativo interno ha llegado a tales proporciones que se ha alterado totalmente la continuidad del ciclo académico. Pero este no es un problema de falta de recursos. Es ante todo un problema de buen manejo y eficiencia en el uso de los recursos. Es un problema que tiene que ver con los intereses que se han apoderado de estas universidades para utilizarlas como botín y como plataforma de actividad política.
Los estudiantes deberían ser los primeros en reclamar eficiencia ante las directivas y profesores de las universidades públicas. Los padres de familia también. Pero esto es muy difícil debido a las cortinas de humo que permanente lanzan quienes se aprovechan del desgreño y de los ríos revueltos. Con la reforma deberían crearse comités de veeduría estudiantiles y de padres de familia. Los estudiantes deberían apoyar los intentos del gobierno nacional para ejercer un mayor control sobre el destino final de los fondos, especialmente en aquellas instituciones donde se detecten graves problemas administrativos.
La mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos asignados a estos centros educativos (recursos estos que podrían aprovecharse en otras áreas donde las más apremiantes necesidades básicas de los colombianos están desatendidas) es la mínima contraprestación a las exigencias de más aportes del presupuesto nacional. Sólo así se satisface el interés general y de paso, el de los estudiantes que participan en las recientes protestas.
(Advertencia: lanota.com sólo utiliza este nombre. No tiene relación alguna con portales o empresas que emplean la palabra lanota en otras combinaciones de nombres).