Es tal vez el factor principal para que mas del 60% de los colombianos se opongan a su reelección. Es su culpa y de nadie mas que su suerte política haya quedado en manos de las Farc.

 

A un año del inicio de las negociaciones de La Habana, las Farc se sienten con el derecho a cogobernar. Se les escucha toda clase de propuestas, como si las actuales negociaciones, que han sido a espaldas del país, fueran para reformar la Constitución y la estructura del gobierno. Pero son muchos los colombianos que simplemente no están dispuestos a que sean los siniestros personajes que controlan esta organización los que determinen las políticas gubernamentales, incluidas las que han de aplicarse al agro colombiano.

Los arrogantes personeros de las Farc no han mostrado el mas mínimo arrepentimiento por el perjuicio que le han ocasionado al país y a innumerables colombianos durante décadas de espantosas y muy crueles actividades criminales. No han dejado entrever que están dispuestos a abandonar estas actividades con las que se financian y logran poder regional. Mientras esa sea la tónica, todo lo demás en el proceso de negociación poco o nada importa.

Es posible que las Farc estén mas derrotadas militar y políticamente de lo que piensan sus dirigentes. Pero este gobierno les ha dado un nuevo aire, y eso lo resiente una parte importante de la población colombiana, especialmente la que apoyó al ex Presidente Álvaro Uribe durante sus dos administraciones y que considera que a todos los criminales hay que tratarlos con el rasero de una misma justicia.

Se trata de aquella población que cree que los móviles detrás de crímenes graves no deben ser los determinantes a la hora de los juzgamientos, sino que deben serlo los terribles daños a personas y propiedades que tales crímenes ocasionan. Por ejemplo, quitarle con premeditación la vida a una persona es un asesinato aquí y en Cafarnaúm, y debe ser juzgado como tal, no importa cuáles sean las justificaciones del criminal. Pero en Colombia una parte importante de su clase dirigente ha sido partidaria de perdonar los mas horripilantes crímenes bajo el pretexto de que ellos fueron inducidos por motivaciones políticas.

Cuántas veces no se le ha escuchado a renombrados políticos y juristas colombianos sostener la tesis de que a los criminales de las Farc y de otros grupos al margen de la ley hay que juzgarlos bajo la tutela de una justicia penal "transicional" donde el perdón y olvido es la norma. Pero no el perdón y olvido de las víctimas. Por el contrario, es solamente el perdón y olvido para quienes secuestran, asesinan, extorsionan, abusan de mujeres y menores, siembran minas quiebra patas, trafican con narcóticos y destruyen infraestructura, simplemente porque se escudan bajo el logo de una organización que dice tener objetivos políticos.

Juan Manuel Santos volvió a meter a Colombia por el escabroso sendero de las dos justicias penales: una para los criminales de ruana y otra para los criminales mas sofisticados que en lugar de ruana se arropan con la bandera de unas ideas políticas. Esta esquizofrenia de la justicia penal, que ha sido mal endémico en Colombia desde la Independencia, es inmanejable. Pues, ¿cuál paz y convivencia puede florecer ahí donde quedan impunes los peores delitos y atropellos dizque porque se realizan bajo el subterfugio de promover una creencia política?

La mayoría de los colombianos no le ven el sentido al actual proceso de negociación con las Farc. Después de lo que pasó durante el gobierno de Uribe, no conciben que la negociación sea entre iguales. Tampoco entienden que unos criminales que han demostrado ser de la peor calaña estén ad portas de recibir toda clase de prebendas económicas y políticas. No votaron por Santos para esto. Sencillamente no le ven ni pies ni cabeza al proceso, a pesar de los ingentes esfuerzos de los medios de comunicación “oficialistas” –que en este tema los son casi todos– por infundirle una “racionalidad” a las negociaciones y por descalificar burdamente a quienes expresan su escepticismo.